Foro Hidrico

A comienzos de la década de 1980 visité por primera vez Villa Jardín, en el municipio de Lanús, un asentamiento localizado en los márgenes del Riachuelo, en la cuenca más contaminada de Argentina. La traza planificada con acceso a servicios públicos del lado de la Capital Federal se desvanecía al cruzar el puente que permitía atravesar el río en dirección a la provincia de Buenos Aires, donde uno se perdía en un laberinto de viviendas informales sin cloacas ni agua potable.

Al ingresar al barrio, se hacía visible otra imagen impactante que daba cuenta de una animosa vida comunitaria. En espacios comunes y en reducidos terrenos, los habitantes construían sus casas, apuntalaban locales comunitarios y producían bienes y servicios para diferentes mercados. Ese ir y venir cotidiano se desplegaba en un paisaje urbano muy peculiar: las viviendas, asentadas en sitios de relleno de lo que había sido una antigua laguna, tendían a hundirse y por las áreas comunes corrían los efluentes cloacales y los vertidos domésticos por canales a cielo abierto. Por aquel entonces, las organizaciones del barrio exigían a diferentes agencias estatales la provisión de servicios sociales, sin embargo, nadie planteaba que la falta de agua y cloacas fuera un problema socioambiental que causara efectos sobre la salud.

Desde entonces he tenido a cargo diferentes investigaciones en torno a las experiencias colectivas de organización en los barrios de ese territorio vasto que es la cuenca Matanza-Riachuelo. En ese recorrido, he podido constatar que, ya entrado el siglo XXI, diferentes experiencias de organización local frente a los problemas hídricos se han transformado en demandas políticas que tienen visibilidad pública. Esto se debe a la proliferación de un sinnúmero de conflictos en los que diferentes comunidades se han organizado para reclamar por el acceso a recursos esenciales para la supervivencia familiar (Merlinsky, 2007; Merlinsky, 2014; Merlinsky, 2016).

Recurriendo a diferentes enfoques de la ecología política, la sociología ambiental, la geografía crítica y a las investigaciones que analizan los movimientos de justicia ambiental en diferentes regiones del planeta, hemos podido establecer que se trata de conflictos ambientales o ecológicos distributivos. Más precisamente, se trata de respuestas a la expansión de actividades económicas que conllevan la extracción intensiva de recursos, expansión de vertederos y riesgos de contaminación para quienes el ambiente es la base material del sustento (Guha y Martínez Alier, 1997; Martínez Alier, 2004). En ese sentido, podemos decir que —a dos décadas de mi primera visita a un asentamiento informal en los márgenes del Riachuelo— lo que ha cambiado es que los daños causados por la contaminación se han hecho visibles en las comunidades y son experimentados como tales. Cuando los afectados se sienten amenazados, dentro de su propia concepción de la vida, por riesgos que perciben como significativos, es que deciden organizarse y protestar contra el daño. Este último punto es un aspecto a ser abordado en este artículo.

En los últimos años hemos observado diferentes experiencias de movilización que cuestionan y establecen responsabilidades sobre el acaparamiento de los recursos, no solo el agua: también la tierra, la biodiversidad o la infraestructura básica, entre otros (Blanchon et al., 2009; Naguib Pellow y Brulle, 2005; Firpo, 2012). En estas experiencias, la definición del problema se construye en torno a la defensa de la vida, se establecen múltiples conexiones entre humanos y no humanos y se producen diferentes definiciones acerca de la justicia ambiental (Descola, 2005; Di Chiro, 1998; Schlosberg, 2012; Vainer, 2004; Faber, 2005).

A partir de estudiar diferentes conflictos por el acceso al agua y el saneamiento en la cuenca Matanza-Riachuelo (Merlinsky et al., 2012; Merlinsky, 2014; Merlinsky, 2016b), hemos podido constatar que un elemento catalizador de la acción colectiva es la construcción de conocimiento contraexperto. Se trata de modalidades de acción en las cuales los pobladores y organizaciones territoriales, con la ayuda de grupos expertos, desarrollan diferentes investigaciones para establecer los orígenes de un problema que los afecta. Estos relevamientos forman parte de un ejercicio de la epidemiología popular¹ donde la enumeración de causas y efectos toma en consideración variables igualmente importantes, como el papel que juegan los intereses empresarios o las políticas públicas, entre otros factores (Brown, 1987; P. Brown y Mikkelsen, 1990; Callon, Lascoumes y Barthe, 2001; Ackrich et al, 2010).

Esta asociación entre diferentes eventos socionaturales y la búsqueda de responsabilidades políticas permite un análisis crítico de los flujos de agua, el modo en que son manipulados por determinadas geometrías de poder para ser direccionados hacia determinados usos y grupos sociales (Swyngedouw, 2004, 2009; Budds y Hinojosa, 2012; Molle, 2012). Todo ello contribuye a desnaturalizar la situación de exposición al peligro tóxico y permite la construcción del problema como un asunto de derechos (Merlinsky, 2013).

Entre los casos estudiados, uno que llamó poderosamente nuestra atención fue la experiencia del «Foro Hídrico de Lomas de Zamora»², una red que lleva adelante acciones en diferentes barrios de la cuenca Matanza Riachuelo y que tiene su núcleo fundacional en el barrio Lamadrid, en el municipio de Lomas de Zamora. Esta organización ha ido ganando capacidad de influencia pública a comienzos de este milenio, en el escenario de creciente conflictividad social posterior a los episodios de diciembre de 2001.

Este artículo desarrolla un análisis de la acción colectiva del Foro Hídrico en el marco de la lucha por el acceso al agua y el saneamiento en la metrópolis de Buenos Aires, buscando dar cuenta de la construcción social y política de la cuestión hídrica. Nos interesa mostrar de qué modo estos colectivos construyen saberes contraexpertos, al tiempo que elaboran y contraponen lenguajes de valoración alternativos al discurso del estado y las corporaciones. Dos preguntas importantes de nuestra investigación refieren a establecer cuáles han sido los procesos colectivos que permitieron que el agua se volviera un asunto de preocupación social y de qué manera se han producido transformaciones políticas en pos de la construcción de la cuestión hídrica como un asunto que merece atención estatal.

La estrategia teórico-metodológica de la investigación se ha apoyado en un estudio de caso instrumental (Stake, 1995). Se trata de un caso relevante por la permanencia de estos reclamos en el tiempo (la experiencia que ya lleva dos décadas y sus antecedentes se remontan hacia la década de 1980) y porque ha generado efectos y consecuencias en términos de un debate sobre las decisiones públicas y el derecho de los afectados a participar en ellas.

Las fuentes de datos provienen de entrevistas en profundidad a diferentes pobladores de Villa Lamadrid, y también de entrevistas grupales e individuales con los integrantes del Foro Hídrico que residen en diferentes barrios de la cuenca Matanza-Riachuelo. Asimismo, hemos consultado a referentes de organizaciones no gubernamentales, expertos en la temática hídrica, funcionarios municipales, de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo y representantes de Agua y Saneamiento S.A. (AySA) y reportes de estas últimas agencias estatales.