Unidad 9 La resistencia de los presos políticos.

La historia

El 24 de marzo de 1976, cuando la Junta Militar tomó el poder, ya existían presos políticos detenidos en los establecimientos penitenciarios del país. Esas detenciones se amparaban en el marco de la ley, los presos tenían causas abiertas en la Justicia Federal o permanecían privados de su libertad por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Esta situación impedía, o al menos dificultaba, que los militares aplicaran el método que habían decidido utilizar de modo generalizado: hacer desaparecer a la persona y, posteriormente, negar la existencia del hecho. Por este motivo diseñaron otra estrategia, por la que organismos de inteligencia militar, con la colaboración de penitenciarios, clasificaron a los detenidos en tres categorías: recuperables (muy pocos), difícilmente recuperables (la gran mayoría) e irrecuperables (los señalados como dirigentes).
En consecuencia, entre marzo y diciembre de 1976 se efectuaron traslados masivos que generaron una importante redistribución de hombres y mujeres dentro de las cárceles de todo el país.
Entre 1976 y 1983 –incluso años antes del comienzo de la dictadura–, los presos políticos confinados en la Unidad N°9 de La Plata fueron sometidos a un plan sistemático de torturas perpetrado por el terrorismo de Estado.
Los detenidos eran “blanqueados” al ingresar a esta cárcel, es decir, puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Pese a todo, el pase a la legalidad no implicaba el cese de los tormentos y los castigos.
De acuerdo a los testimonios que de manera minuciosa los ex presos políticos declararon durante el juicio que en el año 2010 condenó a once agentes penitenciarios y a tres médicos de la Unidad N° 9, durante su permanencia dentro del penal, fueron sometidos a condiciones infrahumanas de detención y torturas. Otros, –que supuestamente habían sido trasladados–, fueron secuestrados nuevamente para ser asesinados o desaparecidos.
De esta manera, la Unidad N° 9 –donde las autoridades del penal serían reemplazadas por penitenciarios adoctrinados para la aplicación de un plan de destrucción física y psíquica de los detenidos–, terminaría convirtiéndose, en el momento de mayor poder de la última dictadura cívico-militar, en el centro de detención que recibió el número más grande de presos políticos de la Argentina,
incluyendo los denominados “Pabellones de la Muerte”.
La violenta requisa del 13 de diciembre de 1976 que dio comienzo a un cambio de régimen dentro del penal; los tormentos, muertes y desapariciones; el rol fundamental de los familiares para acompañar a los presos arriesgando sus vidas para contactarlos con el exterior de la cárcel; la importancia de las visitas de los organismos internacionales dentro del penal y, fundamentalmente, el juicio, están relatados en primera persona por quienes padecieron el encierro durante la dictadura.
Aquellos “condenados” dieron vuelta la historia. En libertad, cumplieron con la promesa que se juramentaban días tras días en cada pabellón: salir más fortalecidos desde lo colectivo y más enriquecidos desde lo intelectual.
Y así fue. Muchos de ellos fueron reconocidos por el voto popular en diferentes ámbitos del quehacer político y sindical, otros lograron trascender e imponer aquellos valores fortalecidos dentro de la Unidad N° 9 desde otros espacios